Petrer suspende durante un año las licencias para transformar locales en viviendas de menos de 45 m² con el acuerdo unánime de todos los grupos políticos
Se convierte en uno de los primeros ayuntamientos a nivel autonómico e incluso nacional en aplicar esta medida contra las infraviviendas
En el pleno municipal del pasado 27 de noviembre, el Ayuntamiento de Petrer aprobó por unanimidad la suspensión durante un año de la tramitación y concesión de licencias para transformar locales comerciales en viviendas cuando estas tengan 45 metros cuadrados útiles o menos. La suspensión entró en vigor ayer, 10 de diciembre, tras su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
Con esta decisión, Petrer se convierte en uno de los primeros ayuntamientos de la Comunidad Valenciana y del país en actuar de forma preventiva para evitar la proliferación de viviendas excesivamente pequeñas, apostando por políticas urbanísticas responsables.
Durante los dos últimos años, han sido cerca 100 nuevas viviendas creadas gracias a este mecanismo urbanístico de transformarlocales en viviendas. Este proceso ha permitido revitalizar barrios y aumentar la oferta residencial.
Sin embargo, en los últimos meses, el área de Urbanismo ha recibido consultas de promotores interesados en aplicar el mínimo autonómico de 25 m², planteando viviendas de 25, 30 o 35 metros cuadrados, algo que generó preocupación en el equipo de gobierno por el riesgo de crear infraviviendas.
Por eso, todos los grupos políticos del Ayuntamiento (PSOE,PP,EU-Compromís y VOX) coinciden en que es necesario impulsar vivienda, pero no a cualquier precio ni en cualquier condición, motivo por el cual se ha adoptado esta decisión por consenso.
Una suspensión temporal para garantizar viviendas dignas
La medida afecta exclusivamente a los proyectos en los que alguna de las viviendas resultantes tenga 45 m² útiles o menos.
Los locales que se transformen en viviendas de más de 45 m² no se verán afectados y seguirán tramitándose con normalidad.
La suspensión tendrá un periodo máximo de un año, durante el cual el Ayuntamiento actualizará la normativa urbanística para fijar criterios estables que aseguren superficies mínimas adecuadas.
