Se trata de un objetivo por el que trabajan conjuntamente el Ayuntamiento, la EPSAR, la Mancomunidad del Vinalopó y la Confederación Hidrográfica del Júcar

El Ayuntamiento de Petrer, en consonancia con las actuaciones realizadas por la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (EPSAR) y la Mancomunidad a través de su Plan de vertidos para los cuatro municipios, aprobado recientemente, ha puesto en marcha un operativo especial para intensificar el control de vertidos en el municipio.

Según ha explicado la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, “no solo pretendemos garantizar la preservación de las infraestructuras de saneamiento y alcantarillados de Petrer, sino también seguir aspirando a una ciudad cada vez más ecológica y que demuestra su compromiso con el medio ambiente”.

Desde el Ayuntamiento se va a intensificar el control de vertidos para identificar aquellas actividades y empresas que realizan vertidos que, por su naturaleza, pueden afectar negativamente al funcionamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, así como para velar por el cumplimiento de la Ordenanza de Vertidos a las Redes Municipales de Alcantarillado. Para ello, se van a llevar a cabo análisis aleatorios de los puntos de vertido de empresas orientados a evaluar los parámetros máximos de grasas, metales pesados, sólidos en suspensión, así como otras sustancias que por su cuantía o propiedades pueden resultar nocivas para el Medio Ambiente.

Con estas actuaciones, además de buscar mejorar la calidad ambiental y lograr cumplir los objetivos marcados por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a la que el Ayuntamiento de Petrer está adherido, se busca garantizar el correcto funcionamiento de las redes de alcantarillado y saneamiento de la ciudad, evitando embozos y problemas de malos olores o roturas.

La alcaldesa ha apelado a la “responsabilidad de las empresas e industrias de la ciudad” y a su “implicación para construir juntos un futuro ecológico y sostenible por el bien común”.

Cabe recordar que el vertido de residuos ilegales o tóxicos en zonas de dominio hidráulico y a la red pública de alcantarillado está penalizado y puede suponer sanciones de hasta 200.000 euros.

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