La escasa representación de las mujeres en todos los ámbitos de toma de decisiones, sigue siendo una realidad que, además de representar un déficit democrático fundamental, nos aleja del objetivo exigido por el ordenamiento jurídico de lograr una igualdad de oportunidades real y efectiva entre mujeres y hombres.
Ante tal realidad y en consonancia con el art. 9.2 de la Constitución Española, se impone la acción comunitaria y de los poderes públicos, con el objetivo prioritario de fomentar una igual participación y representación.
La democracia exige la presencia equitativa de todos, hombres y mujeres, en la toma de decisiones y en los órganos de decisión colectiva.
La Administración Local, y particularmente los ayuntamientos, por su proximidad a la ciudadanía, constituyen un marco idóneo para implementar medidas tendentes a lograr una igualdad real entre las personas, sin distinción de sexo, así como a incrementar las medidas necesarias tendentes a evitar o paliar situaciones de desigualdad.
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